El 10 de diciembre, el mundo conmemoró 60 años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, un marco mundial para los derechos humanos, que incluye el derecho a "compartir el avance científico y sus beneficios".

Pero este derecho específico— no menos vital para la condición humana y no menos alcanzable que otros derechos humanos — ha sido olvidado. Las constituciones nacionales no lo mencionan (excepto en Armenia, Moldavia y Paraguay), no hay ni una sola organización dedicada a promoverlo (excepto el proyecto que dirijo en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia), y ni siquiera el organismo que en las Naciones Unidas es el responsable de incentivarlo en los diferentes gobiernos ha tomado medidas al respecto.

Poder para el bien
Debemos resucitar el derecho a la ciencia — no simplemente como un ejercicio de justicia (después de todo, todos los derechos fueron creados en igualdad), sino porque nos damos cuenta de que tiene el potencial de hacer un gran bien.

Defender el derecho a la ciencia significa hacer que los beneficios científicos, tales como las medicinas, las tecnologías de la comunicación y las energías renovables, sean accesibles a todos los sectores de la sociedad.

También significa identificar las prioridades de financiamiento e investigación que reflejen las necesidades de la sociedad, asegurar la calidad de la enseñanza de la ciencia en todos los niveles, remover barreras a la libertad científica y promover la cooperación internacional y el libre flujo del conocimiento científico.

El derecho a la ciencia no es sólo un derecho en sí mismo, sino también un prerrequisito clave para alcanzar los otros derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, al agua y al desarrollo.

Por ejemplo, un programa brasileño dirigido a proporcionar fármacos genéricos a bajo precio a los pacientes de VIH/Sida ha mejorado el derecho a la salud en ese país. Desde fines de la década de los noventa, el número de muertes relacionadas con el Sida en Brasil ha caído a la mitad, las infecciones comunes en pacientes de VIH/Sida se han reducido entre 60 y 80 por ciento y las tasas de hospitalización se han reducido, así como también los costos de atención médica.

De igual manera, un programa en Bangladesh para combatir la contaminación por arsénico en el agua, también lanzado a fines de los noventa, ha mejorado los estándares de vida. Químicos, hidrólogos e ingenieros forestales han analizado más de un millón de sitios potencialmente contaminados, han capacitado a lugareños para hacer pruebas de arsénico, mejorando la percepción pública sobre los peligros de tomar agua contaminada con arsénico, y han construido cientos de fuentes de agua seguras.

El programa nacional de ciencia y tecnología de Corea del Sur, que comenzó en 1962, ha contribuido directamente al rápido desarrollo del país. Así como ha aumentado el número de científicos bien capacitados, también se ha incrementado la inversión en investigación y desarrollo. Esto, a su vez, ha impulsado la innovación y ha traído éxito económico, con un crecimiento promedio anual de casi 10 por ciento desde 1963 a 1993.

¿Qué deben hacer los científicos y los gobiernos para lograr que estos ejemplos de iniciativas estatales se conviertan en prácticas estándar en todo el planeta?

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Pronúnciese
Primero, el derecho a la ciencia debe instalarse firmemente en la agenda de la comunidad científica. Los científicos deben apoyarlo de forma activa y usar sus voces influyentes para demandar que los gobiernos hagan efectivo este derecho.

Las asociaciones científicas y las instituciones académicas deben considerar el derecho a la ciencia en su trabajo, capacitación, investigación y enseñanza, así como también en sus programas de reivindicación e integración a nivel nacional y alrededor del mundo. Éstas necesitan reflejar cómo este derecho se aplica en sus propias disciplinas, identificando barreras para materializarlo y desarrollando la forma para removerlas.

Científicos de todas las áreas — universidades, asociaciones profesionales, empresas y gobiernos — deberían identificar qué es lo que pueden hacer para ayudar a los gobiernos a cumplir sus obligaciones de ejecutar el derecho a la ciencia. Esto podría incluir, por ejemplo, usar el derecho a la ciencia para conformar currícula educacional y códigos de ética, así como planes de negocios e iniciativas de cooperación internacional.

Los mismos gobiernos necesitan reconocer su responsabilidad jurídica para hacer efectivo este derecho. Con el apoyo de los científicos y de la sociedad civil, éstos debieran comenzar por examinar sus políticas y prácticas, y trazar el rumbo para el respeto, la protección y la concreción del derecho a la ciencia.

Esto podría incluir acciones tales como enmendar el desequilibrio de fondos para investigación destinada a las enfermedades olvidadas, importar y diseminar tecnologías simples y baratas cuando las innovaciones de alta tecnología son innecesarias, remover las barreras a la cooperación científica internacional y cultivar una comunidad científica libre, diversa, y adecuadamente financiada.

Hace 60 años los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconocieron el derecho a la ciencia como un derecho humano igual a todos los otros. Tal como conmemoramos esta importante ocasión, los científicos debieran unirse y hacer un llamado a sus gobiernos para asegurar que todos compartamos el progreso científico y disfrutemos de sus beneficios.

Hacerlo es nuestra mejor garantía de que las políticas nacionales de ciencia ayudarán a las personas más vulnerables de la sociedad, fomentarán y apoyarán la capacidad científica y, en último término, que los próximos 60 años verán la materialización completa de todos los derechos humanos para todos.

* Jessica Wyndham es directora del Proyecto Artículo 15 del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.