Esto se debe a los dispendiosos trámites oficiales que demoran, incluso, años. Por eso los científicos se enfrentan al dilema: investigan de forma eficiente sin poner mucho cuidado a la compleja normatividad colombiana, o se someten a largos procesos para obtener avales oficiales, que pueden tardar hasta cuatro años.

“Hay investigadores que se plantean la posibilidad de recibir el laboratorio por cárcel. Los trámites son tan dispendiosos que prefieren estar fuera del marco legal. Otros, abandonan sus investigaciones, con graves consecuencias para ellos y para el desarrollo del país”, sostiene el abogado y doctor en Ecología Gabriel Ricardo Nemogá.

El Grupo de Investigación en Política y Legislación sobre Biodiversidad, Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional (Plebio), de la Universidad Nacional de Colombia, investiga este tema para el alma máter y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Sus miembros elaboraron una propuesta de ajuste al marco regulatorio sobre acceso a recursos genéticos nacionales. Allí plantean alternativas para agilizar y aclarar los trámites, así como para poner en igualdad de condiciones a los investigadores académicos con los de centros estatales o privados.

Encontraron que en el país hay 700 proyectos de investigación que acceden a recursos genéticos, pero solo 25 han obtenido el contrato oficial de acceso. Esto indica que buena parte de los procedimientos están por fuera de la norma.

Nemogá, coordinador del Grupo Plebio, dice que entre los años 2002 y 2004 un contrato de acceso a recursos genéticos podía durar hasta 1.700 días (cuatro años). Hoy, luego de la presión de la comunidad científica, se redujo entre siete y ocho meses. “Aún así, el tiempo no debería pasar de 60 días”, manifiesta el docente.

Frente a este panorama, la viceministra de Ambiente, Claudia Patricia Mora Pineda, responde que a través de la Dirección de Licencias se hacen ajustes administrativos para reducir cuellos de botella y tiempos en el otorgamiento de los trámites, lo cual se ve reflejado en los indicadores de gestión de la dependencia.

“Las demoras no se deben solo al procedimiento de las autoridades ambientales. En algunas ocasiones se debe a que los investigadores no presentan completas las solicitudes y muchas veces la entrega de información adicional necesaria para continuar con los trámites es bastante demorada. Esto ha llevado a que en los últimos tres años se realicen talleres de capacitación en universidades y eventos que convocan a los investigadores”, explica.

Alejandro Chaparro, del Grupo Plebio, sostiene que hay entes de investigación de todo tipo que no cumplen con la obligación de solicitar contrato de acceso a recursos genéticos: universidades públicas y privadas, centros nacionales e internacionales de investigación, hasta instituciones adscritas al Ministerio de Ambiente, algo contradictorio si se tiene en cuenta que es la autoridad en el tema.

El profesor Nemogá anota que, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Naturales de la UN, con 70 años de aportes al estudio científico de la biodiversidad, y la Universidad Nacional en su conjunto, que realiza el 20 por ciento de la investigación científica sobre la biodiversidad en el país, tienen que obtener permisos tanto para la exploración biológica como para el estudio genético, mientras otras instituciones están exentas de estos trámites. “Es algo injusto”.

Es por eso que la Universidad Nacional de Colombia le hizo una serie de propuestas al Ministerio de Ambiente, en el sentido de agilizar aún más los trámites, crear un sistema ágil para el procesamiento de los permisos y unificar criterios y conceptos en lo que tiene que ver con la diferenciación entre recursos genéticos y recursos biológicos. Por lo pronto, la Universidad sigue esperando respuesta del Gobierno.